Rato doblaba cada año el sueldo de su cuñado en Caja Madrid y Bankia

Rodrigo Rato dobló año tras año el sueldo del que entonces era su cuñado, Santiago Alarcó, en Caja Madrid y Bankia, que contratado como experto en mercados internacionales comenzó cobrando 120.000 euros anuales en 2011 y dos años después llegó a ganar más de 480.000 euros.

UPyD pide más tiempo para investigar el "caso Bankia" debido a su complejidad

UPyD pide al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que declare compleja la causa en la que investiga el "caso Bankia" para que su instrucción pueda ampliarse a dieciocho meses, como establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Comienza a declarar ante el juez el exvicepresidente Rodrigo Rato

El exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato ha comenzado sobre las 11.15 horas de este martes su declaración ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que le interrogará por la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares.

Bankia rechaza aumentar la fianza de 34 millones

Bankia y su matriz, BFA, han solicitado a la Audiencia Nacional que inadmita la petición de varios accionistas minoritarios solicitando aumentar la fianza civil de 34 millones de euros, al entender que han actuado de forma "tardía" y que puede provocar dilaciones indebidas en la causa en la que se investiga su fusión y salida a Bolsa.

La Audiencia Nacional rebaja a 34 millones la fianza del ‘caso Bankia’

Vía El País

La Audiencia Nacional ha rebajado este viernes a 34 millones la fianza civil de 800 millones de euros impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia y a cuatro antiguos miembros de su cúpula directiva, entre ellos Rodrigo Rato, por la salida a Bolsa de la entidad con información financiera falseada. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, que preside el magistrado Alfonso Guevara, estima parcialmente por unanimidad los recursos de los imputados contrala garantía económica fijada por Andreu el pasado febrero para hacer frente a las responsabilidades que se puedan derivar de una sentencia condenatoria en este sumario.

La nueva cantidad equivale al dinero perdido por los accionistas minoritarios que se han personado en la causa y que reclamaron la cantidad en una vista celebrada el 6 de febrero, y no el perjuicio del conjunto de pequeños inversores que había tenido en cuenta Andreu.

Rato creó sociedades en varios países a nombre de su ex mujer, tres hijos, su hermana y una sobrina

Vía El Mundo

El ex presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, es sospechoso de intentar alzar bienes y evitar embargos por su responsabilidad en el escándalo de Bankia mediante un complejo entramado societario en diversos países, incluidos paraísos fiscales. En las empresas bajo investigación figuran como titulares miembros de su familia, incluidos los hijos fruto de su matrimonio con su ex esposa María Ángeles Alarcó, actual presidenta de la empresa pública Paradores. También se analizan empresas vinculadas a su hermana Ángeles y una sobrina, según fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO.

Investigan si Rato blanqueó dinero tras regularizar su fortuna familiar

Vía El Mundo

El ex ministro de Economía, vicepresidente del Gobierno y director general del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, está incluido en un listado de 705 personas a las que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investiga por haber encontrado indicios de posible blanqueo de capitales, después de acogerse a la amnistía fiscal de 2012. Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes próximas a la investigación. El escándalo se une a la investigación sobre Rato por su actuación como ex presidente de Bankia.

 

Rato y Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preguntado en los pasillos del Senado, aludió a su obligación legal de no revelar datos relativos a la situación fiscal de los contribuyentes para evitar confirmar o desmentir la información publicada por Voz Pópuli. No obstante, fuentes de su Ministerio recalcaron que la Agencia Tributaria tiene la obligación de investigar cualquier indicio de fraude "afecte a quien afecte y sea del color que sea", en clara evidencia a la adscripción política del interesado. Más aún apuntaron que la afloración de rentas y patrimonios hasta ahora ocultas al Fisco está siendo "espectacular" e hicieron especial hincapié en señalar que "esto no sucedía con un Gobierno de izquierdas". "Debemos hacer ver a los ciudadanos", afirmaron, "que a la hora de perseguir el fraude no hay amigos".

 

También explicaron que, en cualquier caso, las situaciones que afectan a las personas incluidas en el listado que obra en poder del Sepblac, en el que figuran "ex altos cargos y funcionarios", están por el momento "sólo bajo investigación" y no deben sacarse "conclusiones anticipadas".

 

En su comparecencia parlamentaria del pasado 17 de febrero, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció el envío inmediato al Sepblac un listado de 705 contribuyentes que habían regularizado en la llamada oficialmente Declaración Tributaria Especial (DTE) -la amnistía fiscal- que, "de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales". Menéndez lo presentó como prueba de que la amnistía no era total si el origen del dinero era dudoso. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos", advirtió.

 

Los miembros del Gobierno consultados por este periódico prefirieron guardar silencio a la espera de que las citadas pesquisas finalicen, pero no ocultaban su malestar por el hecho de que el nombre de Rato pueda nuevamente aparecer relacionado con problemas graves de tipo fiscal. Ninguno de ellos admite haberse puesto en contacto con el ex ministro. "Hace tiempo", explicó un miembro del Gabinete, "que la relación con él prácticamente no existe". El propio Rato declinó ayer hacer comentarios sobre su investigación y el hecho de que un ex vicepresidente de Hacienda como él mantuviera dinero en el exterior sin declarar hasta la amnistía fiscal. Que la Agencia Tributaria y el Sepblac realizan su trabajo al margen de cualquier ideología fue también el argumento que esgrimió el portavoz de los populares en el Congreso. Rafael Hernando afirmó que "en este país se investiga a todo el mundo, sea quien sea, sin distinción de color político", si bien admitió desconocer la situación específica de Rato.

 

Por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, calificó de "escándalo" esta nueva revelación sobre el ex lugarteniente de José María Aznar.

Exdirectivo que daba las tarjetas black responsabiliza a Blesa y Sánchez Barcoj

Vía El País

El exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre, que entregaba las 'tarjetas black' a los directivos de la entidad, ha responsabilizado de esta práctica al expresidente Miguel Blesa, que se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de la "operativa", informaron fuentes jurídicas presentes en su comparecencia. De la Torre, que ha declarado como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha asegurado que las tarjetas de Caja Madrid eran para gastos de representación aunque los consejeros que tenían dos podían utilizar la segunda para gastos personales, ya que se trataba de un complemento retributivo que, según ha dicho, "tenía el mismo tratamiento fiscal que cualquier otro".

Preguntado por qué existen correos internos de Caja Madrid en los que él mismo aplicaba el término 'black' a estas tarjetas, ha explicado que se trataba de unas visas que "eran neutrales a efectos fiscales de IRPF". "No se tenían que incluir en los certificados de Hacienda, eran un gasto para la entidad", ha apuntado.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón también ha interrogado a De la Torre, que ocupó el cargo de secretario del Consejo de Administración de la caja madrileña entre los años 1996 y 2009, por qué en esos correos pedía que se extremara la "discreción" sobre este asunto para evitar "filtraciones". En este sentido, ha defendido que el sistema retributivo es un asunto "muy sensible" para una entidad bancaria y debe ser "reservado".

En este punto, el representante del Ministerio Público ha preguntado si no debería ser "al revés" y el sistema retributivo debía ser "transparente" al tratarse de "una obligación legal". "Es un tema delicado y hay que llevarlo con mucho cuidado", ha insistido el exdirectivo.

El compareciente, que ha reconocido que él se encargaba de entregar los plásticos aunque actuaba como un mero intermediario de la dirección, también ha sido interrogado por el juez Andreu, que le ha preguntado si le parecía "normal" que los consejeros tuvieran una retribución que no aparecía en sus contratos. "No me pareció irregular", ha contestado. "Le he preguntado si le pareció normal", ha insistido el juez. "Sí, me pareció normal", ha dicho entonces el exdirectivo.

GASTOS DE "LIBRE DISPOSICIÓN" 

La decena de exdirectivos que ha declarado este lunes, propuestos por PP, PSOE, IU y CCOO, ha coincidido en que fue el entonces secretario general de Caja Madrid Vicente Espinosa quien les entregó las tarjetas, que eran de "libre disposición" y podían soportar gastos personales, siempre y cuando no sobrepasaran un límite máximo y no extrajeran dinero en efectivo de los cajeros automáticos. La Fiscalía no ha pedido fianzas para ninguno de ellos.

Eso sí, no han sabido explicar la razón que justificara esta última prohibición, mientras que han señalado que intentaban agotar el límite mensual en su utilización y, para ello, apuntaban los gastos "manualmente" o recurrían a su "memoria" ya que la caja no exigía ningún tipo de justificante. Al ser preguntados por la tributación de las visas, todos han respondido que pensaban que estaba incluida en su certificado de haberes, a excepción del representante de CCOO Antonio Rey de Viñas, que ha precisado que pensaba que la caja lo tenía "arreglado desde el punto de vista fiscal". En este sentido, el exdirectivo propuesto por el PP Javier de Miguel ha añadido que fue consciente de que no estaba en su certificado y entendía que la entidad "se ocupaba" de la fiscalidad.

Otro exdirectivo nombrado por el PP, Antonio Cámara, ha recordado que mostró "cierta sorpresa" cuando la caja madrileña le entregó la tarjeta y le dijo que no tenía que declarar "nada" ante Hacienda. "Me dijeron que había un acuerdo con el Banco de España y Hacienda", ha indicado, en consonancia con Ángel Antonio Gómez de Pulgar, que ha citado este acuerdo con la Agencia Tributaria.

El que era presidente de la Comisión de Control y exdirector general de Economía Pablo Abejas, propuesto también por el PP, ha aseverado que simplemente fue un "beneficiario" y no "el contratante" de las tarjetas, las cuales "tenían todas las bendiciones". "Confiábamos en que todo era legal" ha apuntado antes de explicar que el órgano al que pertenecía era "un back office con cierto sentido forensic".

Bankia devolverá 126 millones de ayudas públicas

Vía El Mundo

El Consejo de Administración de Bankia ha acordado proponer a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo de 1,75 céntimos por acción con cargo a los beneficios de 2014. En total, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri destinará 202 millones a retribuir a sus accionistas. El Estado, a través del Frob, controla un 62,67% del capital de Bankia por lo que esta decisión supondrá la devolución de 126 millones de euros de ayudas públicas recibidas.

Despejada la incógnita de quién y en qué proporción debe hacerse cargo de las potenciales devoluciones a los accionistas que acudieron en 2011 a su salida a Bolsa, los consejos de administración de Bankia y su matriz BFA han mantenido esta tarde una reunión para aprobar las cuentas del año pasado y la distribución del dividendo, el primero desde que la entidad fue rescatada.

Finalmente BFA -que está controlada en un 100% por el Estado- se hará cargo de un 60% de las devoluciones a las que tenga que hacer frente por las demandas civiles que están presentando los accionistas minoritarios. Bankia responderá del otro 40%. El Frob ha estimado en un máximo de 780 millones la contingencia derivada de la salida a Bolsa, por lo que BFA asumirá hasta 470 millones y Bankia, 312 millones.

Goirigolzarri ha destacado "hoy es un día muy importante para el Grupo BFA-Bankia, ya que la posibilidad de pagar dividendo representa un paso más en la normalización del banco". La entidad recuerda que, de mantenerse esa participación de BFA en Bankia en la fecha del pago del dividendo, Bankia retornaría a los contribuyentes más de 126 millones de euros. En febrero de 2014, BFA ya recuperó 1.304 millones de euros tras vender un 7,5% de Bankia.

"Pagar dividendo significa muchas cosas: por un lado, que Bankia es una entidad rentable, con un beneficio recurrente y sostenible; por otro, que Bankia es una entidad muy solvente, que ha recibido el visto bueno de las autoridades para abonar este dividendo y que lo puede hacer en efectivo", añadió Goirigolzarri.

El juez cita a otros 37 imputados por el escándalo de las tarjetas ‘black’

Vía El País

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados entre los próximos 9 y 13 de marzo a 37 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que usaron las tarjetas black opacas al fisco de la entidad. Entre los citados figuran, entre otros, el exsecretario general del Consejo de Administración de la caja, Enrique de la Torre, el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Pablo Abejas yel exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, que gastó 223.900 euros con su tarjeta.

Andreu actúa después de que la semana pasada 27 consejeros de administración de la entidad –no directivos- declararan como imputados ante él por la misma causa, abierta el pasado octubre. El magistrado ha enviado este jueves una providencia –resolución para asuntos de orden- en la que se cita a 37 nuevos imputados. Otras 14 personas permanecen imputadas en esta causa sin que se les haya citado aún a declarar.

El 9 de marzo comenzará la ronda de interrogatorios Enrique de la Torre, exsecretario del Consejo de Administración durante la presidencia de Miguel Blesa, cuando las tarjetas black dejaron de usarse para gastos de representación y comenzaron a emplearse para gastos personales. En total, los 82 consejeros y directivos de la entidad gastaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012. Muchos de los imputados han citado a Enrique de la Torre como la persona que les entregó personalmente el medio de pago de plástico.

Ese mismo día, y con intervalos de veinte minutos declararán Rubén Tomás Cruz Orive (nombrado por IU), Miguel Ángel Araujo (propuesto por el PP), Antonio Rey de Viñas (consejero de la entidad), Antonio Cámara (propuesto por el PP), Javier de Miguel (nombrado por el PP), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (propuesto por el PSOE), Juan Gómez Castañeda (secretario de la comisión de control), Francisco José Moure (propuesto por el PP) y Francisco José Pérez Fernández (nombrado por el PSOE).

El día 12 están citadas trece personas: Miguel Ángel Abejón (propuesto por UGT), Rafael Eduardo Torres Posada (UGT), Cándido Cerón (propuesto por el PP), Fernando Serrano Antón (propuesto por el PP), Alejandro Couceiro (miembro de la comisión de control), Darío Fernández Yruegas (nombrado por el PP), José María Buenaventura (PP), José Acosta Cubero (PSOE), Beltrán Gutiérrez Moliner (PP), Juan Emilio Iranzo (nombrado por el PP), Miguel Corsini (consejero de Caja Madrid), Santiago Javier Sánchez Carlos (propuesto por el PSOE) y Manuel José Rodríguez González (PP). 

Al día siguiente, Andreu convoca a los trece últimos. Son los siguientes: Gabriel María Moreno Flores (propuesto por CCOO), Jorge Rábago (PP), Ricardo Morado (director de organización de la entidad), Ramón Ferraz Ricarte (consejero ejecutivo), Matías Amat (director general de negocio), Mariano Pérez Claver (consejero ejecutivo), Juan Manuel Astorqui (director de comunicación), Carlos María Martínez (consejero ejecutivo), Carmen Contreras Gómez (directora gerente de la obra social), Carlos Vela García (responsable de crédito a empresas), Rafael Spottorno (director de la Fundación Caja Madrid), Ramón Martínez Vilches (director de riesgos) y Luis Enrique Gabarda (consejero ejecutivo).

800 millones la fianza a la antigua cúpula de Bankia

Por Sergio Ruiz

El juez, Fernando Andreu, ha fijado en 800 millones las fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil a la antigua cúpula de Bankia para asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan acordar como conclusión de la causa en la que se investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad. La fianza se requiere a Bankia, al Banco Financiero de Ahorros y a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, y José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.

"Los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad", expresa el juez en su auto. Bankia ha anunciado que recurrirá la fianza, que de momento no le ha pasado factura en la Bolsa: sus acciones han subido un 5,5% hoy.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes.

Según el juez, del informe pericial obrante en las actuaciones se desprende "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad". Una conclusión que ni siquiera contradice el informe realizado a instancias de la parte querellada, tal como sostiene.

Para Andreu hay indicios de la comisión de este delito, ya que en primer lugar se produjo una falsedad puesto que los estados financieros de Bankia y el Banco Financiero de Ahorros desde su constitución no expresaban la imagen fiel de dichas entidades. Se trata de una falsedad, "al tratarse de un relato incompatible con la verdad".

El juez considera que tampoco fue veraz la explicación contenida en el folleto informativo dirigido a los inversores minoristas, "pues las negociaciones con los del tramo institucional tienen otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas", motivo por el que, sin perjuicio de salvaguardar los intereses de los inversores institucionales, la estimación que se hace con carácter provisional es de asegurar las legítimas expectativas de los citados accionistas minoristas.

De esta forma, se estima proporcionada, adecuada y justificada a los fines la cantidad de 800 millones, que sería una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios (1.800 millones) es decir, serían 600 más un tercio de dicha cantidad, por lo que la cifra asciende a 800. El juez recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial. A los cuatro exmiembros del Consejo de Administración se les requiere en tanto que fueron responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de administración de Bankia de 15 de junio de 2011 que supuso la aprobación de los Estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, "cuya veracidad esta cuestionada con sólidos y fundados indicios".

Imputados los consejeros que usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid

Vía ElPaís

El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, ha imputado por apropiación indebida o administración desleal a todos los consejeros y directivos de Caja Madrid, en total 78, que usaron las tarjetas opacas entre 1999 y 2012. El juez de la Audiencia Nacional también ha citado como testigos a tres consejeros que no utilizaron este medio de pago, al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro y al ex director de auditoría Iñaki Azaola. Los sucesivos consejeros de la entidad cargaron 15,2 millones de euros en gastos personales, entre ellos restaurantes de lujo, viajes y compras en comercios, a las tarjetas fantasma durante aquel periodo.

El magistrado, en una resolución emitida este miércoles, de momento solo cita a declarar entre el 16 y 18 de febrero a los 27 consejeros y administradores de Caja Madrid y Bankia. Entre los citados figuran consejeros como José Antonio Moral Santín, procedente de IU; Rodolfo Benito, de Comisiones Obreras; José Ricardo Martínez, de UGT; Gerardo Díaz Ferrán, de la patronal CEOE; Ricardo Romero de Tejada, del PP; o Antonio Romero, del PSOE. Andreu ya ha interrogado, también como imputados por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director financiero de la entidad y supuesto ideólogo de las tarjetas opacas, Ildefonso Sánchez Barcoj.

En su auto, el juez atiende las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular encabezada por UPyD, y explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos. Andreu distingue entre los administradores y los directivos y considera que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar el juez es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

El juez hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, “convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa".

Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas, el juez tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa. Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron, “o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".

Para aclarar estos términos el juez quiere oír también como testigos a los tres directivos que nunca usaron las tarjetas-Francisco Verdú, Íñigo Aldaz y Esteban Tejera- y al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro. A estos seis testigos les cita para el 20 de febrero. Por error, el juez ha incluido en la lista de testigos a Félix Manuel Sánchez Acal, consejero ya fallecido que no hizo uso de la tarjeta. Los 78 imputados ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.

El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid se destapó el pasado 1 de octubre al publicarse un informe de Anticorrupción que revelaba que 86 consejeros y directivos de la antigua caja tenían tarjetas de crédito opacas. Con estas tarjetas, entregadas a los 65 consejeros que ha tenido Caja Madrid desde 2003 y a la veintena de altos cargos de Bankia desde su creación en 2011 hasta 2012, se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y mayo de 2012. Algunos las siguieron usando tras su cese.