Hacienda ve delito en Oleguer Pujol por su fortuna en Andorra

Vía El Mundo

La Agencia Tributaria ve delito fiscal en Oleguer Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente catalán, al regularizar su parte de la fortuna que su familia ha mantenido oculta en Andorra durante 24 años. La Delegación Especial de Cataluña ya se lo ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Hacienda compara las donaciones al PP con las de Cáritas y Cruz Roja

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, ha remitido a los medios de comunicación un documento en el que afirma que las donaciones realizadas al PP en el ejercicio 2008, como entidad sin ánimo de lucro, están exentas de tributación al haber quedado "acreditado" que destinó los fondos obtenidos al objeto principal del partido y, por tanto, no aprecia delito fiscal.

Según una nota de prensa facilitada por la Agencia Tributaria, una especie de resumen de los informes entregados este martes al juez Pablo Ruz, Hacienda sostiene que las donaciones a entidades sin ánimo de lucro "siempre" han estado exentas, y añade que el único requisito legal para la aplicación de la exención es que los fondos se dediquen al objeto principal de la entidad sin ánimo de lucro.

Asimismo en dicho comunicado, el Ministerio de Montoro señala "el criterio técnico tributario oficial de la AEAT, que como se manifiesta en este informe y ha sido ya manifestado en los informes precedentes, es contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial".

Pese a que en el resumen elaborado por Hacienda se exime de tributación estas donaciones, la AEAT señala atendiendo a los criterios solicitados por Ruz que la cuota dejada de ingresar por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 ascendería a 220.167,04 euros.

A continuación, la Agencia Tributaria hace el cálculo atendiendo a la Ley de Financiación de partidos políticos y cifra la cuantía en 25.630 euros por lo que no habría delito fiscal al no superar la cantidad defraudada el margen legal de los 120.000 euros.

De este modo, la AEAT afirma que no estarían exentas las donaciones privadas que se desviaran del fin propio de la entidad, como cuando se considere una asociación ilícita o bien una entidad con fines lucrativos y, por ejemplo, reparta dividendos a sus afiliados, pero sí aquellas destinadas a entidades sin ánimo de lucro, "como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja", cuyo beneficiario de la exención "es el conjunto de la sociedad".

Donaciones por el interés general

"El fundamento de la exención de las renta por donación a entidades sin ánimo de lucro radica en los fines de interés general que la entidad desarrolla y que el ordenamiento quiere proteger (en este caso, la participación democrática). El beneficiario de la exención fiscal no es una entidad sin ánimo de lucro, como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja; el beneficiario de la exención es el conjunto de la sociedad", reza el comunicado del Ministerio de Hacienda.

Además, según el organismo, para el donatario, en este caso el PP, siempre que se tratara de una donación ilegal, supondría en todo caso una infracción administrativa a sancionar por el Tribunal de Cuentas, "con un régimen sancionador que acaba de ser agravado en la reciente reforma de la ley de financiación de partidos políticos".

Por ello, en su inédito comunicado de prensa, la Agencia Tributaria estima que la reacción jurídica no es en el ámbito tributario, y pone como ejemplo que si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a Cáritas y esta entidad da de comer a 1.000 niños con ello, es decir, lo destina a su fin, el ordenamiento tributario no reacciona determinando que la ONG haya cometido delito fiscal por no tratarse esa donación como ingreso tributario.

El juez Ruz había solicitado a la AEAT que determinara "la eventual responsabilidad" que pudiera alcanzar al PP por el Impuesto sobre Sociedades de 2008 --último año no prescrito-- y por el IVA en relación con las donaciones que recibió en dicho ejercicio. Hacienda realiza ahora dicho cálculo a regañadientes ya que considera que la petición del juez podría constituir una solicitud "exorbitante al marco legal del auxilio judicial", con una posible "invasión" de las competencias de la Administración Pública por el órgano judicial,

La política antifraude saca a la luz rentas ocultas por valor de 175.000 millones

Por Raquel Márquez

Un total de casi 200.000 contribuyentes han salido a la luz como consecuencia de los procesos de regularización puestos en marcha por el Ministerio de Hacienda desde 2012. Un volumen que han aflorado bases imponibles sin declarar, ocultas en el extranjero, por valor de 175.000 millones de euros.

Cuando hace unos días se le preguntaba al ministro de Hacienda sobre la famosa lista Falciani, por los españoles que aparecían en ella y sobre todo por las actuaciones que estaba llevando a cabo la Agencia tributaria, Cristóbal Montoro dijo que esa lista era un 'aperitivo' teniendo en cuenta los datos que estaba manejando la Agencia Tributaria. Y es que como consecuencia del proceso de regularización fiscal aprobado en marzo de 2012, Hacienda consiguió que casi 40.000 contribuyentes regularizaran su situación con el fisco y afloraran más de 44.000 millones de euros.

Con la aprobación de la Ley Antifraude, los contribuyentes deberían dar a la Administración Tributaria información sobre las cuentas situadas en el extranjero así como de cualquier títulos, activo o valor, fondos propios o patrimonio de entidades. Asimismo, cualquier información sobre bienes inmuebles y derechos de titularidad sobre estos. Con la entrada en vigor de esta ley"aparecieron" 134.310 contribuyentes que afloraron más de 88.000 millones de euros. Ahora han aparecido otros 32.000 contribuyentes nuevos que se pusieron al día con Hacienda.

Monedero reconoce su deuda con Hacienda por asesorar a Venezuela

Vía El Mundo

Juan Carlos Monedero ha terminado por rendir cuentas a Hacienda y reconocer que defraudó al fisco. Dos semanas después de conocerse que el número tres de Podemos creó una empresa instrumental en 2013 con la que facturó 425.150 euros por trabajos realizados tres años antes para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, el también fundador de esta formación política decidió regularizar su situación con la Agencia Tributaria y presentar una declaración complementaria de su renta como persona física, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la operación. Monedero realizó en 2010 servicios de consultoría política para crear una unidad monetaria en Latinoamérica, según sus propias palabras; sin embargo, facturó esos trabajos en 2013 a través de una sociedad que no existía cuando los realizó. 

 

El 23 de octubre de 2013, Monedero dio de alta en el Registro Mercantil una sociedad a la que puso por nombre Caja de Resistencia Motiva 2, sin empleados ni estructura organizativa, nombrándose administrador único cinco días después. Las primeras cuentas de esta empresa revelaban unos ingresos de 425.150 euros y un beneficio de 295.025, tras pagar sólo 70.417 euros en impuestos. Monedero realizó esos supuestos trabajos como persona física en 2010, lo que le obligaba a declarar el dinero a través del pago del IRPF y no mediante el Impuesto sobre Sociedades.

El secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos denunció entonces que se había intentado construir «un caso con una empresa que factura en España, que paga sus impuestos en España y que tiene sus cuentas transparentes y disponibles para cualquiera».

Es más, el propio secretario general del partido, Pablo Iglesias, salió en defensa de su número tres advirtiendo de que Caja de Resistencia Motiva 2 facturó «legalmente» y tenía «todas sus obligaciones legales y con Hacienda perfectamente cumplidas». Sin embargo, 16 días después, el propio Monedero decidió regularizar sus pagos con el fisco, reconociendo con ello que el procedimiento elegido para declarar los 425.150 euros no fue el correcto y que debe dinero a Hacienda.

El juez Ruz plantea el delito fiscal en la reforma de Génova

Por Raquel Márquez

El juez Pablo Ruz ha planteado a la Agencia Tributaria la posibilidad de emprender acciones por los presuntos delitos fiscales detectados en las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova. Lo hizo tras conocer un nuevo informe de la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria.

A la luz de este informe Ruz observa que podríamos encontrarnos "ante uno o más delitos contra la Hacienda Pública". Así mismo, el juez cita a los peritos de las Unidades de Auxilio judicial los días 9 y 11 de febrero para que ratifiquen los informes que han emitido.

El último informe recibido recopilaría los datos de los anteriores y concluiría que los socios de Unifica, empresa que realizó la reforma, cometieron hasta tres delitos fiscales por no declarar pagos en B. Los cooperadores necesarios serían Luis Bárcenas y el gerente del PP, Cristóbal Páez. En el documento aparecería la certeza de que se habría rebasado la cuota de 120.000 euros a partir de la cual existe delito fiscal.

A falta de conocer el contenido íntegro del informe, Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda, ha asegurado que el presunto delito fiscal detectado lo habrían cometido los arquitectos. Ahora queda por saber si finalmente Hacienda decidirá acusar al PP.