Por Raquel Márquez
El juez Pablo Ruz ha planteado a la Agencia Tributaria la posibilidad de emprender acciones por los presuntos delitos fiscales detectados en las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova. Lo hizo tras conocer un nuevo informe de la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria.
A la luz de este informe Ruz observa que podríamos encontrarnos "ante uno o más delitos contra la Hacienda Pública". Así mismo, el juez cita a los peritos de las Unidades de Auxilio judicial los días 9 y 11 de febrero para que ratifiquen los informes que han emitido.
El último informe recibido recopilaría los datos de los anteriores y concluiría que los socios de Unifica, empresa que realizó la reforma, cometieron hasta tres delitos fiscales por no declarar pagos en B. Los cooperadores necesarios serían Luis Bárcenas y el gerente del PP, Cristóbal Páez. En el documento aparecería la certeza de que se habría rebasado la cuota de 120.000 euros a partir de la cual existe delito fiscal.
A falta de conocer el contenido íntegro del informe, Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda, ha asegurado que el presunto delito fiscal detectado lo habrían cometido los arquitectos. Ahora queda por saber si finalmente Hacienda decidirá acusar al PP.
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