Expediente a Banco Madrid por operar con el 'capo' ruso Petrov

Vía El Mundo

La ayuda financiera prestada al mafioso ruso Andrei Petrov figura como operación destacada en el informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que ha llevado al Gobierno a tomar medidas contra Banco Madrid, según aseguran a EL MUNDO fuentes policiales.

La comisión que gestiona el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, ha decidido incoar expediente sancionador a la cúpula directiva y a la propia entidad por facilitar la comisión de delitos de blanqueo. Además, remitirá a la Fiscalía la actuación del banco y los casos sospechosos.

Especialmente destacado resulta para los investigadores el caso de Petrov, que necesitaba una entidad española para una operación de un millón de euros para comprar un local comercial en Lloret de Mar. Lo intentó en vano con otras entidades financieras españolas, pero encontró apoyo clave y decisivo en la BPA y su filial, Banco Madrid. Este último le prestó el dinero en abril de 2012 pese a que, según el expediente del crédito, había un informe interno que desaconsejaba la operación. Finalmente, en enero de 2013, Petrov fue detenido.

Según el informe coincidente de FinCEN, la unidad antiblanqueo del Departamento del Tesoro de EEUU, Petrov trabajaba para«organizaciones criminales rusas» -incluido el destacado capo Viktor Kanaikin- y el banco andorrano le prestó «apoyo sustancial entre 2011 y 2013» y disfrazó la operación «para que no pareciera sospechosa».

Sólo por esta operación con Petrov, el Sepblac considera al consejo del banco merecedor de un expediente por tres infracciones graves: no aplicar los procedimientos debidos a estos clientes de este calibre; no comunicar al Sepblac un caso de este calibre; y no abstenerse de ejecutar el crédito en esas condiciones. Sólo estas tres infracciones pueden ser castigadas con multas de hasta 180.000 euros a cada miembro del consejo de administración. El presidente no ejecutivo de Banco Madrid era José Pérez y el consejero delegado Joan Pau Miquel Prats hasta la dimisión de ambos y del resto de vocales en la noche del pasado miércoles. El consejero delegado lo era al tiempo de BPA, por lo que se perfila como el máximo responsable de la actuación con Petrov y principales infracciones, aunque el consejo de administración debe asegurar que se cumpla la legislación.

Fuentes del Sepblac declinaron ayer comentar casos concretos, pero aseguraron que el expediente sancionador estaba motivado porirregularidades en los controles internos y por operaciones sospechosas que desembocaban en infracciones «graves y muy graves», sin aclarar si estas últimas, que conllevan la inhabilitación de gestores y revocación de ficha bancaria, afecta, a personas o exclusivamente a la entidad.

En el abanico de errores de la entidad se incluye que «no han atendido requerimientos», «no tienen un plan de riesgo definido» o «ni siquiera tienen designado un representante en los términos que establece la normativa».

«Esta investigación ha sido llevada por el área de Supervisión del Sepblac», señalan fuentes del organismo. Inició su tarea en abril del pasado año y la concluyó a finales de febrero. Antes, por tanto, de que EEUU pidiera el lunes al Gobierno de Andorra la intervención del BPA. Pero la decisión del llamado Comité Permanente al frente del Sepblac, presidido por la secretaria general del Tesoro, Rosa María Sánchez-Yebra, no se produjo hasta la noche del pasado jueves. En él participan también representantes de la Agencia Tributaria y otros organismos, que no conocieron hasta ese momento la investigación contra Banco Madrid. «Ha sido pilotada por el Ministerio de Economía», subrayan fuentes gubernamentales, que aseguran que el Departamento ha acelerado las decisiones tras saltar a la prensa el escándalo después de la intervención del grupo andorrano por imposición de EEUU.

Por tanto, en el Comité Permanente del Sepblac se acordó remitir la información a la Fiscalía relativa al Banco Madrid, puesto que «existen indicios claros de delito de blanqueo de capitales en dicha entidad», aseguran fuentes consultadas. El máximo resppnsable del Sepblac es el secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa.

La_Fiscalía decidirá ahora si procede presentar querella contra gestores de la entidad y clientes sospechosos. El proceso judicial penal puede paralizar posteriormente la otra decisión del organismo, el expediente sancionador administrativo.