UGT critica que el crecimiento económico no se traslada a los ciudadanos

UGT ha asegurado hoy que aunque la economía española ha acelerado su crecimiento en el tercer trimestre sigue sin consolidarse y sin trasladarse a los ciudadanos.

El PIB español creció el 0,8 % entre julio y septiembre en tasa trimestral, dos décimas menos que entre abril y junio (1 %), mientras que respecto al mismo trimestre de 2014 el incremento fue del 3,4 %, frente al 3,2 % del trimestre precedente.

UGT ha señalado que el modelo económico sigue dependiendo "excesivamente" de la estacionalidad, "por mucho que el Gobierno se empeñe en alardear de la bonanza económica como fruto de su legislatura".

Según el sindicato, ni hay milagro económico ni la crisis ha desaparecido, sino que sigue "enquistada", con empleos basados en la precariedad y una continua devaluación de las rentas de las familias.

UGT financió gastos sindicales con las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid

Vía El País

El sindicato UGT financió parte de sus gastos de acción social con las tarjetas opacas de Caja Madrid.Rafael Eduardo Torres, miembro de la comisión de control de la entidad a propuesta de la central sindical, ha reconocido que los 79.076 euros que figuran cargados en su tarjeta blackse utilizaron para cubrir gastos como cartelería, pancartas o viajes para delegados del sindicato.

De hecho, los principales cargos—un total de 29.212 euros— se realizaron en la empresa Inversiones y Servicios Insersa, razón social de la imprenta Serviprint, ubicada en el centro de Madrid y especializada en cartelería de gran formato. Otro gasto principal —un total de 11.489 euros en 11 ocasiones— se produjo en el Hotel Sancho, un establecimiento de tres estrellas en el Paseo de las Delicias de la capital.

Torres, que representaba a los trabajadores de Caja Madrid a propuesta de UGT, sustituyó en 2003 en la comisión de la caja al fallecido Félix Manuel Sánchez Acal, que fue expulsado del sindicato porque no accedió a ceder a UGT las dietas que recibía de la entidad crediticia. Sánchez Acal no llegó a usar la tarjeta opaca que se le otorgó. Torres sí cedió sus dietas por asistencia a la comisión de control —algo que estaba regulado en el sindicato hermano del PSOE— y también empleó la tarjeta de gastos de representación de la caja para sufragar los gastos operativos de UGT.

Se trata de la primera vez que un miembro de una organización representada en los órganos de dirección de Caja Madrid reconoce que se usó la tarjeta para financiar las actividades del partido, patronal o sindicato que le puso en ese puesto. Todos los exconsejeros y exdirectivos que han declaradohasta ahora han afirmado bien que usaron la tarjeta para sus gastos personales, como parte de su retribución, o que se ciñeron a los gastos de representación de la caja madrileña.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Rafael Eduardo Torres ha sido el único de los 13 imputados que han declarado hoy ante el juez Fernando Andreu que ha afirmado que la tarjeta era para gastos de representación, eso sí “en sentido amplio”, ha aclarado. Torres ha distinguido dos tipos de gastos con la tarjeta black. Los primeros tenían que ver con su cargo en la comisión de control: vestuario, teléfono móvil, gastos de kilometraje y gasolina.

El segundo bloque de gastos, según Torres, era de pura actividad sindical en la caja: viajes para visitar a empleados en toda España, comidas con ellos o gastos de papelería e imprenta para dar difusión a la actividad del sindicato: octavillas, carteles y demás elementos, ha admitido.

El juez Andreu le ha preguntado si no percibía dietas de la entidad por su presencia en el consejo. Torres ha afirmado que todas las dietas se ingresaban directamente en la cuenta de UGT, por lo que usaba la tarjeta black para los viajes y demás gastos sindicales. Según ha dicho, “estaba todo vigilado por el control interno de la Sección Sindical de gastos y avalado por la Comisión Ejecutiva Estatal. “Todo tiene que estar en el informe anual de la comisión ejecutiva”, ha dicho, según fuentes presentes en el interrogatorio.

La declaración de Torres contrasta con la que realizada antes que él por Miguel Abejón, exsecretario de organización de UGT Madrid y vocal de la comisión de control de la entidad entre 2001 y 2012. Abejón se ha ceñido a la versión de casi todos los imputados: la tarjeta black no es para gastos de representación sino que era un “complemento retributivo de libre disposición” con un límite que no se debía sobrepasar. “Me indicaron de manera expresa que no había que llevar justificantes y que formalizarían un contrato de la tarjeta. Y siempre me ceñí a esas indicaciones”. Según él, los responsables de la caja le dijeron que asumían los gastos fiscales de la tarjeta y pensaba que en su certificado de retenciones ya iba incluido en el capítulo de ingresos.

El juez Andreu seguirá mañana viernes con la toma de declaración a los 82 directivos y consejeros de Caja Madrid que entre 2003 y 2012 cargaron gastos personales por 15,5 millones de euros a la tarjetablack de la entidad. En la sesión de mañana, declararán entre otros,el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

UGT Andalucía se autoalquilaba sedes para los cursos de formación

Vía abc.es

La confección de facturas falsas, la creación de «botes» o el cobro de comisiones a proveedores de confianza contratados con fondos públicos pueden ser sólo la punta del iceberg de un «importante fraude» de dimensiones desconocidas que habría cometido lafederación andaluza de UGT entre 2005 y 2013.

El análisis de varios discos duros y de correos electrónicos comprometedores que prueban la doble contabilidad del sindicato ha llevado al juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, a abrir una nueva línea de investigación al descubrir el autoalquiler de aulas formativas a un entramado de sociedades administradas por el propio sindicato.

Una compleja operación de ingeniería financiera que servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo.

En un atestado de 341 páginas incorporado al sumario, al que ha tenido acceso ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refiere a este procedimiento como un «artificio financiero». El sindicato se valía de dos entidades de su propiedad: Soralpe I Más P Asociados SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). «UGT-A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe para que ésta, a su vez, facturase al IFES por el uso de dichas instalaciones, con ocasión de diferentes acciones formativas», señala el informe.

Mediante este trampantojo, «se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran». El gasto de alquiler sería «mínimo», ironizan los investigadores.

La dimensión de este agujero económico es lo que pretenden averiguar ahora, aunque avanza que habría generado «cuantiosos ingresos». Para desenredar este ovillo, el juez ha pedido a la UGT-A su contrato conSoralpe para que esta sociedad gestionase sus locales y sedes. «Podría resultar de gran importancia para la investigación, pues revelaría un importante fraude en la justificación de todas las acciones formativas impartidas en las sedes de UGT-A cuando el usufructo de éstas esté cedido a Soralpe», se justifica la UCO en el informe entregado al juez el 20 de enero pasado.