Vía El Mundo
Grecia continúa legislando por su cuenta, a pesar de haberse comprometido a no aprobar medidas unilaterales que alteren su economía mientras dure la negociación con sus acreedores. El Parlamento heleno aprobó en la madrugada de ayer una ley que permite la readmisión de los funcionarios despedidos, en un contexto de falta alarmante de liquidez y de desgaste en las relaciones con las «instituciones».
La medida afecta a 13.000 empleados públicos incluidos en un programa de movilidad por el anterior Gobierno del país, liderado por el conservador Antonis Samaras. Hasta 3.900 funcionarios, cuyo despido fue considerado como inconstitucional, podrían ser readmitidos a corto plazo. Entre ellos se encuentran el personal de limpieza despedido por el Ministerio de Finanzas, centenares de agentes municipales, los guardas escolares y trabajadores de la universidad.
«No vamos a consultarles, no tenemos por qué, somos un Estado soberano», señaló el ministro del Interior, Nikos Voutsis, durante el debate parlamentario, refiriéndose a los acreedores. La medida supone una marcha atrás en las leyes de reforma administrativa aprobadas por el Ejecutivo de Antonis Samaras. Acaba también con los procesos de evaluación anual de los funcionarios y con los ascensos basados en la meritocracia.
Atenas ha defendido la adopción unilateral de esta medida durante los últimos meses, argumentando que no dañaría la economía ya que el presupuesto estatal para 2015, aprobado por el Gobierno de Samaras sin contar con la aprobación de la Troika, prevé la contratación de 15.000 funcionarios. El Parlamento ya dio luz verde hace unos días a la restitución de la Televisión Pública, que supondrá la recontratación de 1.500 empleados estatales.
El movimiento se produce en un momento muy delicado de las negociaciones. El clima pareció mejorar la pasada semana, tras los cambios realizados por el premier, Alexis Tsipras, en los equipos negociadores, pero parece haberse vuelto a encallar esta semana. Atenas advirtió el lunes la imposibilidad de llegar a un acuerdo si continuaban las contradicciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) en cuestión de líneas rojas.
La respuesta de los acreedores llegó ayer en un escueto comunicado: «La CE, el Banco Central Europeo [BCE] y el FMI comparten el mismo objetivo de ayudar a Grecia a conseguir estabilidad financiera y crecimiento. Las instituciones trabajan de manera cercana hacia ese objetivo. Las tres instituciones están trabajando duro para conseguir progreso concreto el 11 de mayo», cierra la breve nota, refiriéndose a la reunión del Eurogrupo del próximo lunes. Atenas, por su parte, ya no asegura la posibilidad de alcanzar un pacto en esa reunión para conseguir, al menos, parte de los 7.200 millones de euros restantes del pacto de rescate.
Todas estas incertidumbres y desafíos se están dejando notar en los mercados europeos y, en especial, en los de deuda. En el caso de España, el bono a 10 años cotiza ya en el 1,9% en el mercado secundario y, durante la sesión de ayer, llegó a rozar el 2%. Esta cifra contrasta con el 1,5% de rentabilidad que ofrecía hace sólo dos días y está muy por encima del 1% al que se acercó hace dos meses, cuando numerosos analistas y entidades de inversión señalaban que podía llegar a caer del citado nivel por primera vez en la historia.
El fuerte repunte incluye la subida que registró en la sesión del martes, cuando sufrió su peor día desde verano de 2013, y ha provocado que la prima de riesgo española esté ya en 130 puntos básicos. De esta manera, y en apenas dos jornadas, el riesgo país de España se ha disparado en 25 puntos básicos. Además, el movimiento se ha producido en un momento en el que el bund alemán, que es la referencia con la que se comparan los bonos en Europa para obtener la prima de riesgo de cada nación, también ha registrado importates subidas.
Toda esta venta masiva de deuda soberana de la Eurozona también ha coincidido con la mejora de previsiones que la Comisión Europea realizó el martes para el conjunto de la región. Sus mejores perspectivas de crecimiento para la mayor parte de países -no así para Grecia-, han hecho que algunos actores del mercado teman que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pueda no prolongar su programa de estímulos económicos. Y si a ello se le suma el repunte que ha experimentado el petróleo en las últimas semanas -el Brent, de referencia en Europa, está ya en 67,5 dólares- y el impacto que esto podría tener sobre la inflación en forma de incremento, los temores a que el Quantitative Easing europeo no vaya más allá de septiembre del año próximo o, incluso, se recorte, aumentan.
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