El empresario jerezano José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada se encuentra desde esta mañana en situación de busca y captura al no comparecer, de forma injustificada, en un juicio en Valladolid en el que tanto él como su hijo José María Ruiz Mateos Rivero, que sí ha acudido, y una supuesta testaferro tenían que responder de dos delitos fiscales cometidos en 2009 y cuya cuantía superaría los 8 millones de euros.
Las correspondientes órdenes de busca y captura han sido libradas por el juez de Penal número 1 de Valladolid, Álvaro de Aza Barazón, tras suspender la vista fijada para hoy y que ha quedado pospuesta para el día 20 de octubre. Todo a pesar de que el letrado del fundador de Grupo Rumasa alegara motivos médicos para excusar su incomparecencia y asegurara que esta misma madrugada su cliente ha tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
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La ausencia del empresario ha obligado a suspender el proceso, con la conformidad de todas las partes, toda vez que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso.
Obstáculos al forense
No obstante, el juzgador no considera justificada la ausencia del empresario, máxime cuando desde que el pasado viernes ya comunicó su indisposición, según ha advertido el acusador público, ha estado poniendo trabas a que un forense de Madrid acudiera a su domicilio para someterle a un reconocimiento.
Por ello, el juez ha pedido la busca y detención del Ruiz Mateos padre, medida que quedaría en suspenso si finalmente acredita que su ingreso hospitalario de urgencia está perfectamente justificado.
Ruiz Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.
La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.
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