Vía El Mundo
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que embargue el beneficio obtenido por Oleguer Pujol Ferrusola con la venta de la antigua sede del Grupo Prisa, situada en el número 32 de la Gran Vía. La operación se cerró el pasado diciembre al adquirir el inmueble el empresario Amancio Ortega al Grupo Drago Capital por 380 millones de euros, correspondiendo al hijo del ex presidente catalán unos 4 millones.
El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que investiga a Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales, que bloquee «la cantidad proporcional» que le corresponde y deja al margen de la medida a su socio, Luis Iglesias.
Arguye Anticorrupción que los fondos invertidos por el joven de los Pujol «no tienen un origen justificado según los datos que obran en poder del Estado» y advierte de que «debe quedar sometido, como cualquier español, a las obligaciones tributarias, de manera que debe informar de la totalidad del patrimonio y fuentes de ingresos de que dispone, en España y en el extranjero».
Recalca a su vez que «no ha aportado a la Agencia Tributaria, durante la fase administrativa, datos que permitan conocer ese origen de la riqueza invertida» y considera imprescindible su solicitud para «impedir que continúe la actividad penal de blanqueo de capitales».
Anticorrupción insta este embargo contra el hijo del histórico líder deCiU como accionista del fondo de inversión Drago Real Estate Partners, propietario del 50% de la entidad Longshore, que depende de las sociedades holandesas Drago Mediterranean Holdings Coöperatiff UA y Dotricia BV, y que vendió el edificio al gigante gallego.
Al mismo tiempo, la Fiscalía ha decidido no solicitar caución alguna sobre la parte correspondiente a Iglesias. Establece de esta forma, por primera vez, una distinción entre ambos socios, desligando a Iglesias y a sus sociedades de la posible introducción de fondos de origen ilícito en las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo porDrago Capital.
Según la información pública facilitada por las propias empresas intervinientes en la operación de Gran Vía -la más importante cerrada en los últimos años en España con un solo activo como protagonista después de la venta de la Torre Picasso, adquirida también por Ortega-, el beneficio de Pujol Ferrusola ascendería a unos cuatro millones de euros.
El edificio fue comprado por el Grupo Drago Capital por 305 millones el 29 de julio de 2008 junto con dos inmuebles más; acaba de venderlo por 380 millones, y existía una hipoteca sobre el inmueble que ascendía a 150 millones, que ya ha sido cancelada. El emporio empresarial de Pujol Ferrusola e Iglesias integraba también en esta operación a conocidos fondos de pensiones y empresas aseguradoras internacionales.
«Dado que, según consta en las actuaciones, D. Oleguer Pujol tiene una participación del 6,23% en Drago Real Estate Partners Limited», exponen en su escrito los fiscales José Grinda y Juan José Rosa en referencia a este fondo de inversión radicado en las Islas del Canal de la Mancha, «se interesa que por el juzgado se embargue la cantidad proporcional a dicho 6,23% respecto del total del dinero que proceda de tal venta».
Blanqueo de capitales
Y es que, subraya Anticorrupción, «de lo actuado hasta el momento se desprende que la Agencia Tributaria ha abierto inspección respecto de D. Oleguer Pujol y, además, él mismo figura como principal imputado no sólo por un posible delito contra la Hacienda pública, sino también por el delito de blanqueo de capitales».
No en vano, la Audiencia Nacional mantiene contra el joven de los Pujol una investigación en la que existen indicios de que habría utilizado una compleja estructura societaria radicada en paraísos fiscales para blanquear fondos de la corrupción política. Por ello, fue detenido por la Policía en octubre y se registraron su domicilio y sus empresas. En los últimos días, la Abogacía del Estado se ha personado en representación de la Agencia Tributaria en la investigación que dirige Pedraz al advertir indicios de delito fiscal en las operaciones de Pujol Ferrusola.
La Fiscalía recuerda al juez que Drago Real Estate decidió desprenderse del edificio de Gran Vía en una junta celebrada el 10 de diciembre de 2013. La operación fue aprobada por el Consejo de Administración de Dotricia BV, el 25 de junio de 2014, y se materializó seis meses después, «destinándose al menos una parte a la cancelación de la hipoteca que grava el inmueble».
Por último, los fiscales Grinda y Rosa requieren a la Agencia Tributaria para que aporte las actuaciones que esté llevando a cabo en relación con la sociedad Drago Capital, situada en el epicentro del entramado societario de Pujol Ferrusola, así como sobre Iglesias como persona física, con la idea de desgajar la investigación sobre él por posibles irregularidades fiscales del proceso que se sigue por blanqueo en la Audiencia Nacional con Pujol como gran protagonista.
El inmueble de Gran Vía, diseñado en 1924 por el arquitecto Teodoro de Anasagasti, tiene una superficie construida de 36.376 metros cuadrados, está dividido en nueve plantas y alberga oficinas -entre las que se encuentran los estudios de la Cadena Ser- y locales comerciales. El edificio está siendo rehabilitado para albergar la tienda más grande de Primark en España.
El propietario del Grupo Inditex realizó la operación a través de su sociedad de inversión Pontegadea, asesorado por Aguirre & Newman y Broseta Abogados, y completa con esta operación una serie de grandes operaciones inmobiliarias en Madrid, Barcelona y Valencia.
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