Vía El Mundo
Posteriormente, los registros se han extendido a la oficina del Servicio Estatal Público de Empleo, donde igualmente se ha desalojado a los trabajadores en busca de la documentando solicitada por el juzgado.
Fuentes del Instituto Armando tan sólo han explicado a ELMUNDO.es que, "por mandato judicial, se ha ido a solicitar una serie de documentación", pero han evitado ofrecer cualquier otra información, puesto que el juzgado que estaría desarrollando la investigación ha decretado el secreto de sumario. Otras fuentes sí han señalado que la operación estaría relacionada con la denuncia que la semana pasada presentó UPyD ante la Fiscalía por supuestasirregularidades en la gestión de los fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
Según UPyD los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental.
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