Por Beatriz Camacho
Durante la noche de este domingo las autoridades argentinas han encontrado el cadáver de Alberto Nisman, el fiscal de la causa por el atentado con la mutual judía AMIA, en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza, en el barrio porteño de Puerto Madero. A su lado había un arma y un casquillo de bala, sin bien por el momento no hay pronunciamiento oficial sobre el suceso.
A las cuatro de la madrugada, la fiscal encargada de investigar su muerte, Viviana Fein, ha confirmado que el hallazgo de un arma del calibre 22 en el domicilio. "Encontramos un arma. Ahora tenemos que encontrar los detalles de la causa de muerte. No puedo observar si fue suicidio o no. Les pido prudencia".
Una hora después, el ministerio de Seguridad difundió un comunicado explicando el suceso: “Los efectivos de la custodia de Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en horas de la tarde de su falta de respuesta a los insistentes llamados telefónicos. Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa y que el periódico del domingo aún se encontraba en el palier, decidieron notificar a los familiares.
El fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. La custodia entonces recogió a la madre de Nisman en su domicilio y la llevó a la torre Le Parc. Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada con la llave colocada en la cerradura por dentro. Los familiares solicitaron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran a un cerrajero para ingresar al departamento.
A primera hora de la noche, la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta ingreso al mismo. Inmediatamente se notificó a la justicia de turno.
Ante la presencia del juez De Campos y de la fiscal Fein, personal policial logró ingresar al baño. Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego calibre 22, además de un casquillo de bala.”
Alberto Nisman se había convertido en el centro de atención política en los últimos días tras denunciar el pasado miércoles a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de “fabricar la inocencia” de los terroristas que causaron la muerte de 85 personas en el atentado con coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
El ataque contra la AMIA dejó 85 muertos y 300 heridos. Es el mayor atentado terrorista cometido en suelo argentino y sigue sin resolverse, principalmente, porque nunca han interrogado a los iraníes sospechosos, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani y el exministro de Defensa Ahmad Vahidi.
El fiscal, designado por el presidente Néstor Kirchner (2003-2007), investigaba exclusivamente el atentado contra la AMIA desde 2004. Pero la relación con el Gobierno actual se había vuelto distante, sobre todo a raíz del acuerdo que el Ejecutivo de Cristina Fernández firmó con Irán en enero de 2013 para aclarar el atentado de 1994 sin el conocimiento de Nisman, quien siempre manifestó su oposición desde que se hizo público.
El fiscal tenía previsto comparecer este lunes ante la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados, a petición de varios grupos opositores, para exponer su denuncia contra la presidenta de Argentina y varios miembros de su gobierno: el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia y Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, exfiscal federal y el exjuez de instrucción Héctor Yrimia y el referente comunitario iraní Jorge Yussuf Khalil. Señalaba a la presidenta y a otros cargos públicos como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional, obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La diputada opositora Patricia Bullrich ha declarado que este sábado habló con Nisman por teléfono en tres ocasiones para tratar la solicitud del fiscal de que su comparecencia fuese reservada, ya que los parlamentarios oficialistas solicitaban que fuese televisada. El fiscal exponía que “para ir al Congreso y decir lo que ya dije en medios públicos no tiene sentido. Necesito que la comparecencia sea reservada para dar más información”.
Durante esas llamadas el fiscal le había revelado que había recibido varias amenazas y que había transmitido su preocupación a la Fiscalía General para que reforzaran su custodia. Además, era consciente de que se exponía a muchas críticas ante la gravedad de sus acusaciones. Pero aseguraba sentirse tranquilo. Bullrich agregaba que "un fiscal muerto antes de dar un informe al Congreso en una causa donde hay terrorismo internacional me parece de una enorme gravedad".
Nisman había basado su denuncia, sobre todo, en escuchas telefónicas. Disponía de un escrito de 300 páginas que no era público porque constaban nombres de los servicios de inteligencia secretos. No obstante, en el resumen de su acusación culpaba a la presidenta de crear una trama diplomática paralela para negociar con Irán impunidad a cambio de petróleo. Aseguraba que esa presunta negociación se plasmó en el principio de acuerdo que firmaron Irán y Argentina en enero de 2013 y que aún no ha sido ratificado por Irán. El memorando permitía por primera vez a las autoridades argentinas interrogar a los acusados en el país sudamericano del atentado de la AMIA, algo a lo que Irán se había negado insistentemente.
Según su denuncia, la clave del pacto es que a través del Memorándum de Entendimiento (MOE), firmado con el objetivo de "destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada", Irán conseguiría paralizar la orden de busca y captura que pesaba contra siete exaltos cargos iraníes y que les impedían salir del país desde 2007. Aunque esa condición no constaba en el Memorándum, el fiscal mantenía que la promesa de la exoneración se había negociado de antemano, basándose en las escuchas de las que iba a dar cuenta este lunes en la Cámara de Diputados.
En su informe solicitaba un embargo de unos 19 millones de euros a Kirchner y sus colaboradores. Para Nisman, el pacto con Irán fue "la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución". Según el fiscal, el gobierno de Kirchner buscaba "acercarse al régimen iraní y restablecer relaciones comerciales plenas para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de petróleo por granos".
La semana pasada, el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, había presentado una carta del exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, quien estaba a cargo del organismo en la fecha del acuerdo, donde desmentía la acusación de Nisman. “Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol [órdenes de busca y captura] emitidas con relación al caso Amia, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del Gobierno argentino fueron consistentes y firmes”.
Cristina Fernández no ha querido pronunciarse sobre las acusaciones de Nisman. Si bien desde el Gobierno se ha atacado con dureza al fiscal. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró la semana pasada que su denuncia era "disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos
esenciales de la Constitución Nacional”. Le acusaban de mentir y de dejarse arrastrar por conflictos
internos en la Secretaría de Inteligencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario