jueves, 24 de septiembre de 2015

El Gobierno ve "fraude de ley" en las aspiraciones de la nacionalidad catalana

El Gobierno considera que las aspiraciones de los independentistas catalanes respecto a la nacionalidad que tendrían los ciudadanos de una Cataluña separada de España llegaría a constituir "un fraude de ley".
Es lo que aseguran ante el debate independentista fuentes del Gobierno que se remiten a todos los argumentos que fue desgranando ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Marallo, en su debate con el líder de ERC, Oriol Junqueras, respecto a las consecuencias de una Cataluña independiente.

Respecto al debate sobre la nacionalidad, en el Gobierno se recalca que puede afirmarse que en caso de sucesión de estados, en el derecho internacional se abre paso el principio de cambio de nacionalidad automática.

Añade que la Constitución reconoce que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, pero advierte de que sí cabe la pérdida de la misma en caso de renuncia voluntaria y expresa y, además, se tenga otra nacionalidad.

En todo caso, las fuentes citadas hacen hincapié en que se trata de una opción constitucional interna.

Para el Gobierno, el discurso independentista parece hacer una selección a la carta de los preceptos de la Constitución de la que pretenden segregarse y aprovecha interesadamente lagunas del derecho internacional en su favor.

"Incluso hasta inducir al absurdo de defender un estado propio con ciudadanos que ostentarían la nueva nacionalidad y también la del estado del que se segregan unilateralmente", se añade desde el Ejecutivo.

De la misma forma, explican que se pretende además que el estado del que se segregan lo acepte sin reacción alguna.

"Ello puede constituir un fraude de ley evidente, ya que se pretende aprovechar una garantía del estado del que unilateralmente se separan para preservar derechos como la ciudadanía europea que están reservados a los ciudadanos del estado miembro de la UE del que ya no formarían parte", recalcan las fuentes citadas.

El Gobierno insiste en que una Cataluña independiente supondría su exclusión automática de la UE.

"La puerta de salida -argumentan- es una sola. Al salir de España se esta saliendo a la vez de la UE".

También reitera las advertencias relativas a que los bancos constituidos en Cataluña dejarían de estar supervisados por el BCE y las autoridades nacionales competentes, lo que impediría acreditar la solvencia de las entidades.

Asimismo, reiteran que los depósitos bancarios dejarían de estar garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.

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