Una juez afirma que concedió la explotación a una empresa que no cumplia ni un requisito
Ordena a la Policía que interrogue a una alto cargo como responsable directa
El equipo técnico -puntuado con la mayor nota- presenta 'evidentes carencias'
El Gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un procedimiento plagado de irregularidades, saltándose la ley y «sin observar el más mínimo rigor». Y todo para dejar el yacimiento en manos de Magtel, una empresa con fuertes vínculos con la propia Junta de Andalucía, que le concedió hasta 15 millones en ayudas en cuatro años y que fichó a un ex alto cargo socialista.
Lo hizo en plena precampaña de las autonómicas y como una de las promesas estrella de Díaz: la reapertura de la mina cerrada tras el vertido de 1998 y la consiguiente creación de cientos de puestos de trabajo.
Las irregularidades (y el entrecomillado) son parte de las conclusiones a las que ha llegado la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga el posible amaño del concurso convocado a bombo y platillo por la Administración autonómica.
En un auto dictado el pasado día 7, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la magistrada Patricia Fernández pone de manifiesto que el consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento. Y, a pesar de eso, la Junta le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años.
La juez destaca que de la información recabada hasta ahora por parte de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional se desprenden abundantes indicios que vendrían a confirmar las irregularidades denunciadas por la otra empresa que aspiraba a explotar la mina, Emerita Resources.
Tanto es así que la juez cree que Minorbis-Grupo México ni siquiera debería haber superado la primera fase del concurso.
«No se observa -dice literalmente el auto- el más mínimo rigor en la actuación de la Administración», un reproche que es aún más grave si se tiene en cuenta, como destaca la juez Fernández, que se trata de la misma explotación minera que protagonizó en abril de 1998 el que fue considerado el mayor desastre medioambiental ocurrido en España. Entre los requisitos que incumple la adjudicataria de la mina están incluidos los medioambientales.
También investiga la juez si hubo tráfico de influencias, lo que podría explicar una concesión que, como deja constancia la magistrada en su auto, no debió haberse producido. Cohecho, prevaricación y negociación ilegal son otros de los posibles delitos que incluyen las diligencias judiciales.
Las pesquisas que lleva a cabo la Udef bajo la dirección de la magistrada apuntan a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, a la que considera «responsable» de las decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación, incluida la resolución, que ella firmó.
Por ello, la magistrada ordena a la Policía que interrogue a esta alto cargo del Gobierno de Susana Díaz, así como a los técnicos que intervinieron en el concurso.
Todos ellos tendrán que explicar por qué se otorgó la concesión minera de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México y también cómo es posible que superara incluso la primera fase del procedimiento sin reunir los requisitos exigidos.
La juez enumera estos requisitos, entre los que destaca que ni siquiera acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo informe de la Oficina Consular.
También le llama la atención a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que las dos empresas asociadas no detallasen en su propuesta las inversiones comprometidas y califica de «cuestionable» el acuerdo por el que se asocian. No lo hacen mediante un contrato al uso, sino a través de lo que llaman una «declaración conjunta de compromiso» que, en palabras de la juez, no excede de «una declaración de buenas intenciones».
No acaban ahí los incumplimientos, puesto que la filial de Magtel y su supuesto socio mexicano no presentaron el obligatorio seguro por importe mínimo de 1,5 millones. Tampoco Minorbis presentaba las cuentas en el Registro Mercantil, y el deber de acreditar el capital social lo solventaron con «simples capturas de pantalla de las web».
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