Enmudecido por el vidrio y desde la misma academia de policía que escenificó la absolución de Mubarak, Mohamed Mursi ha escuchado el veredicto en compañía del guía de la Hermandad Mohamed Badía y el dirigente Saad Huseini -enfundados en mono rojo por una pena capital previa- y prebostes de la agrupación como Jairat el Shater, Mohamed el Beltagui, Mohamed Saad Katatni o el predicador Safuat Hegazi. En la celda, entre cánticos contra la junta militar y el saludo popularizado tras el desalojo de las acampadas islamistas, los acusados han lucido el traje blanco de los que esperan sentencia en firme y el azul de los ya condenados.
La primera de las causas se remonta al inicio de las revueltas que forzaron el ocaso de Mubarak en 2011. A Mursi y otras 129 personas, de las que solo 27 han comparecido ante el tribunal, se les culpa del asesinato de policías y el asalto y huida de la cárcel de Wadi Natrum, en el norte del país.
El caso -desempolvado semanas antes del golpe de Estado que en julio de 2013 desalojó a Mursi de palacio e inauguró la represión- basa sus pruebas en la fuga de reclusos, entre ellos, la del ex presidente, detenido en vísperas de las protestas por "intento de derrocar el régimen". Según la Fiscalía, miembros de la Hermandad cooperaron con camaradas de los movimientos palestino Hamás y libanés Hizbulá y beduinos de la península del Sinaí para asaltar las prisiones y liberar a sus miembros encarcelados. Los atacantes irrumpieron en el penal con ametralladoras y maquinaria pesada para derribar muros y puertas. Un total de 11.171 presos escaparon.
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El segundo proceso involucra a Mursi y otros 35 dirigentes islamistas por conspirar con Hamas y Hizbulá para "cometer actos terroristas en el país, divulgar secretos de Estado a países extranjeros y financiar el entrenamiento de terroristas para alcanzar los objetivos de la organización internacional de la Hermandad". La fiscalía acusa a la cofradía de diseñar un "plan terrorista" en 2005 para en enviar a militantes a la franja palestina de Gaza con el propósito de recibir entrenamiento militar por parte de Hizbulá y la Guardia Revolucionaria iraní. En la sentencia, sin embargo, el tribunal no ha citado a Mursi y solo ha condenado a pena capital a 16 de los acusados.
En cualquier caso, no es la primera sentencia que arrastra el ex mandatario, de 63 años. El pasado 21 de abril fue condenado a 20 años de prisión junto a otros 12 destacados dirigentes de los Hermanos Musulmanes por instigar a sus partidarios a atacar, detener ilegalmente y torturar a los manifestantes opositores a las puertas del palacio presidencial de Ittihadiya durante los enfrentamientos que estallaron el 5 de diciembre de 2012. La trifulca, a propósito de la declaración que blindó la aprobación de la Constitución, dejó 10 muertos y más de 700 heridos y quebró cualquier comunicación entre el movimiento islamista y sus rivales políticos.
Amnistía Internacional calificó el primer veredicto contra Mursi de "farsa judicial". Los tribunales civiles y militares se han convertido en brazo ejecutor de la represión que ha enviado a la cárcel a más de 41.000 personas y se ha ensañado incluso con la oposición laica. El año pasado se dictaron 659 condenas de muerte en megaprocesos que carecieron de las mínimas garantías. Entretanto, la judicatura ha ido absolviendo a Mubarak y su entorno y no ha adoptado medidas encaminadas a investigar la represión en lo que organizaciones de derechos humanos han denunciado como una suerte de "justicia selectiva".
Sobre Mursi pesan otras dos causas por filtrar documentos a Qatar e insultar a la judicatura en uno de los procesos. La persecución judicial contra la Hermandad exhibe la enorme polarización que truncó la transición democrática del país más poblado del mundo árabe, bajo el yugo hoy del urdidor de la asonada, el ex jefe del ejército Abdelfatah al Sisi. "Es un fallo político que no tiene nada que ver con la justicia", denunció recientemente a EL MUNDO Hoda Abdelmoneim, portavoz de la cofradía y prominente dirigente de la rama femenina de la Hermandad.
Desde el derrocamiento de Mursi, más de 3.000 personas han muerto en la campaña de represión más feroz en décadas. El régimen egipcio ha clausurado, además, los medios de comunicación de la oposición; confiscado la amplia red de caridad de la agrupación y los bienes de sus dirigentes y ahogado cualquier libertad. Los Hermanos Musulmanes han sido designados "organización terrorista" sin aportar pruebas de su vinculación con los ataques que sufren las fuerzas del orden.
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