El ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para controlar manifestaciones y reuniones públicas. El Gobierno de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López y publicada en la Gaceta Oficial el pasado miércoles, cuya entra en vigor se prevé inmediata.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la instrucción. Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que vigila a las Fuerzas Armadas calificó en Twitter la decisión como precipitada e inconstitucional. “Los aspectos positivos que incluye [la resolución] quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”, escribió.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la instrucción. Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que vigila a las Fuerzas Armadas calificó en Twitter la decisión como precipitada e inconstitucional. “Los aspectos positivos que incluye [la resolución] quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”, escribió.
La resolución, que no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, choca con dos artículos de la Constitución venezolana. En concreto, con el artículo 68, que atañe a los derechos políticos, y que dice textualmente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
La oposición y organizaciones de la sociedad civil tachan la resolución de precipitada y contraria a dos artículos de la Constitución
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