El fiscal detalla la financiación ilegal del PP durante 15 años

 Vía El País

Desde al menos el año 2000, Luis Bárcenas desarrolló otras actividades dirigidas a enriquecerse de modo ilícito mediante el cobro de comisiones derivadas de distintas labores de intermediación en el ámbito de la contratación pública y mediante la apropiación de fondos del Partido Popular, cuya administración tenía encomendada como gerente nacional. Así, durante el periodo en que ocupó dicho cargo, el acusado, prevaliéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, se apoderó de recursos de esta formación política aprovechando la estructura opaca a la hacienda Pública, y al Tribunal de Cuentas, o doble contabilidad instaurada en el partido.

Luis Bárcenas utilizó en connivencia con su esposa, Rosalía Iglesias Villar, un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas a través del cual las invirtió en distintos valores y productos financieros. Además, afloró fondos cuyo origen no se corresponde con su declarada actividad ni con su ahorro dotándolos de una apariencia lícita al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte, pretexto que utilizó igualmente para ocultar otras rentas de su cónyuge así como para solicitar un crédito que sólo tenía por finalidad enmascarar la procedencia de sus fondos.

Presentó en 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal del Gobierno, declaraciones tributarias especiales inveraces e incompletas a nombre de dos de sus sociedades omitiendo toda referencia a su verdadero titular y consignando sólo parcialmente los fondos generados de manera ilícita.

Por último, al conocer que esta siendo investigado, auxiliado por, entre otros, Ángel Sanchis Perales, desplegó una completa operativa de ocultación de los fondos que tenía depositados en Suiza al objeto de impedir su descubrimiento e incautación y de desvincularlos de su origen y titular y poder aflorarlos posteriormente bajo una cobertura aparentemente legal.

Se sirvió del ascendiente que tenía sobre algunos responsables públicos del PP para favorecer las adjudicaciones públicas a determinadas empresas a las que cobraba la correspondiente comisión y que sólo han podido ser identificadas parcialmente: las obras de dos carreteras en Burgos y León; y un centro de tratamiento de residuos en Salamanca, y de la empresa Ros Roca por supuestos favores.