El
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia, la
noche del viernes, que suspende varios artículos del reglamento de
funcionamiento del Parlamento -dominado por la oposición- y que, a
juicio de expertos, es una intervención del Legislativo.
Estos
artículos se refieren a la capacidad para debatir sobre el
levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados, y a las
potestades de la junta directiva -de oposición al chavismo- para dirigir
los debates, la duración de las intervenciones de los legisladores o
los puntos a tratar en las sesiones del Congreso.
La
sentencia indica que la Sala Constitucional "acuerda, -mientras se
decide el recurso de nulidad interpuesto- la medida cautelar de
suspensión de los artículos 25; 57; 64, numerales 5, 6 y 8; 73; y 105,
último aparte del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea
Nacional".
Para
el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, consultado por la
AFP, esta nueva decisión del TSJ contra la Asamblea significa que "el
poder Legislativo esta intervenido por el poder Judicial".
Explica
que la sentencia "incide directamente en el funcionamiento" del
Parlamento. "Ya no es un problema de cuáles son sus facultades, sino
hasta en las reglas internas de juego" del Congreso.
La
Sala Constitucional, calificada por la oposición como "bufete jurídico
del gobierno", ha dictado varias sentencias que impiden a la Asamblea
Nacional controlar la actuación de varios poderes públicos, legislar y
controlar el funcionamiento del Banco Central, y dictar una amnistía
para presos políticos.
Según la oposición, todas esas materias son competencias del legislativo previstas en la Constitución.
El
también constitucionalista José Ignacio Hernández considera que "el
procedimiento para aprobación de leyes será notablemente retrasado",
según un artículo que publicó en la web Prodavinci.
Y
en este sentido Raffalli señala que "en la medida en que la Asamblea
Nacional genere leyes, crecerá el número de sentencias (del TSJ) en su
contra", un aspecto que dejaría en evidencia el conflicto de poderes.
La
oposición aprobó una Ley de Referendo que norma una consulta para
revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro en el plazo más breve
posible. Aunado a esto se elabora una enmienda constitucional que
reduciría de seis a cuatro años el mandato de Maduro.
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