"Durante 14 días y 14 noches he recibido múltiples amenazas de muerte, que incitan al odio en mi contra", dijo Lozano, tras considerar en declaraciones a la radio local HRN que "se ha emprendido una insidiosa campaña en mi contra, la que desconozco su origen".
Lozano, de 72 años, preside la Sala Constitucional del máximo tribunal de Honduras. También se dedica a la agricultura en su pueblo natal de Olanchito, unos 300 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, sobre el Atlántico.
"En algunas llamadas a mi móvil me culpan de la reelección del presidente (Juan Orlando Hernández) y ser su hombre de confianza. Lo peor de todo es que me dicen que soy un ladrón por presuntamente adquirir una propiedad por 40 millones de lempiras (unos 182.000 dólares) en Olanchito", añadió Lozano, del oficialista Partido Nacional, de tendencia conservadora.
El juez aseguró que "no soy ladrón ni delincuente" y dijo que "no descarto irme fuera Honduras, probablemente con un puesto diplomático que el presidente me ha ofrecido".
En diciembre de 2012, cuando Hernández presidió el Congreso Nacional, destituyó arbitrariamente a cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema por rechazar al menos ocho de sus iniciativas políticas. En su lugar designó a Lozano y a tres abogados afines.
Ello provocó fuertes reacciones de la oposición, que acusa a Hernández de pretender quedarse en el poder por segundo periodo consecutivo en los comicios generales de 2017. La gestión de Hernández, de cuatro años, vence en enero de 2018.
Según la ley, la legislatura designa el 25 de este mes a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema para un periodo de siete años.
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