Carlos Sánchez, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, tiene claro que la deuda pública de la capital de España debe ser sometida a un proceso de "auditoría" a lo largo de la legislatura que acaba de arrancar. Con este objetivo, el integrante del gobierno municipal de Manuela Carmena ha creado una Subdirección General que podría encargarse de tutelar este proceso. Esta nueva división de trabajo del Consistorio madrileño cuelga de la Intervención General, dirigida por Beatriz Vigo Martín.
Aún no se conoce el presupuesto asignado a este nuevo departamento, pero su creación implica necesariamente la movilización de recursos públicos destinados a esta tarea. El pasado sábado, el concejal de Economía y Hacienda de Madrid anunciaba la necesidad de "auditar la deuda" a través de su cuenta en la red social Twitter.
Ahora está por ver cómo el Ayuntamiento madrileño, una vez concluido el proceso de auditoría, acaba impulsando el polémico impago (o reestructuración) de la deuda que tanto debate ha generado en los últimos meses. El 27 de marzo de 2015, a escasas semanas de las elecciones municipales, el concejal de Economía y Hacienda publicó un artículo en el que planteaba el impago de 1.100 millones de euros.
Según explicaba Sánchez en un artículo firmado al alimón con Mauricio Valiente, "la capacidad de actuación" del gobierno municipal "es muy limitada" si no se "actúa de manera específica sobre el monto de la deuda". Así, "la única forma de liberar considerables recursos para hacer políticas diferentes es reducir los compromisos financieros".
¿Qué pasos seguiría el Ayuntamiento? Así los resumían Sánchez y Valiente:
- Moratoria: "Un proceso ordenado de actuación sobre la deuda municipal de Madrid debería comenzar con una declaración de moratoria del pago de las obligaciones financieras".
- Impago: "Este paso supondría la liberación de recursos superior a los1.100 millones de euros anuales para las arcas municipales en el próximo año".
- Criterios de ilegitimidad: "Establecidos por el conjunto de los ciudadanos los criterios de ilegitimidad de la deuda existente, podría realizarse a continuación la revisión técnica para cuantificar la deuda ilegítima y proceder a su reducción con una propuesta a los acreedores con la adecuada argumentación y el respaldo democrático de la misma".
En palabras del concejal de Carmena, este plan no solamente no es utópico, sino que no plantea ninguna dificultad técnica: "Hay que dejar claro que el problema para adoptar este tipo de salidas es únicamente político y no existe obstáculo técnico que impida su realización".
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