La Guardia Civil acredita que Chaves conoce el fraude desde 2004

Vía El País

Caso ERE

La Guardia Civil constata en un reciente atestado del caso ERE que el ex presidente andaluz Manuel Chaves conoce el fraude desde al menos 2004, cuando un grupo de mineros de Huelva denunció ante él por escrito que su Gobierno estaba pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello porque «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». En vez de abrir una investigación, la Junta de Andalucía encubrió el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.

 

El equipo de delitos económicos y tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva asegura que «el conocimiento de las irregularidades no se puede delimitar únicamente a los participantes reseñados, dado que, como acreditan diversos escritos, llegaron noticias de las mismas a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, a la Consejería de Empleo y por supuesto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social».

 

La Guardia Civil advierte de que, «curiosamente, todos y cada uno de los individuos que reclamaban ser perceptores de rentas de prejubilación (pese a no reunir los requisitos) y transmitían su queja a las administraciones anteriormente reseñadas [entre ellas la Presidencia de la Junta] eran incluidos posteriormente en alguna de las pólizas» pagadas con fondos públicos. El atestado ha sido remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

 

EL MUNDO destapó el asunto en noviembre de 2011, cuando obtuvo una documentación que demostraba que un grupo de mineros informó a Chaves de la existencia de intrusos en los ERE. Los mineros enviaron un fax a Chaves el 30 de diciembre de 2011 en el que, entre un largo número de irregularidades, le informaban de que había «compañeros que no han sido ni mineros y que están prejubilados».

 

El presidente tramitó la queja ocho días después, el 7 de enero de 2004, pero no como un posible caso de fraude sino como una denuncia de «discriminación».

 

 

Así se desprende de la carta que la jefa de la oficina del presidente, Priscila de Domingo, remitió a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en la que señalaba que, «por indicación del excelentísimo señor presidente le adjunto escrito (...) denunciando discriminación a la que han sido sometidos siete mineros. A los efectos oportunos». Esos efectos fueron las prejubilaciones de los denunciantes, que la Guardia Civil cree fraudulentas.

 

A este grupo se la ha denominado los 'mineros de Chaves' que, según los agentes del equipo de delitos económicos y tecnológicos de la Guardia Civil de Huelva, «pese a no cumplir los requisitos, son incluidos (...) en un suplemento en la póliza de Bolsa de Tharsis» tras quejarse ante el presidente.