A Dilma Rousseff, ya de por sí atribulada y vapuleada en las encuestas, le ha brotado otro frente repentino. La fulminante dimisión del ministro de Educación, Cid Gomes, hecha pública este miércoles, ha abierto una nueva brecha en las ya turbias relaciones entre la presidenta y la Cámara de Diputados. Gomes acudió al Congreso, instado por los parlamentarios, para que se desdijera de la expresión “chantajistas” que usó para describirles (aludiendo a las exigencias de poder que los grupos aliados ponen por delante para seguir colaborando). Gomes no se disculpó e insistió en su postura. Así que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado del Gobierno), puso un órdago encima de la mesa: o el ministro se iba o rompía la alianza. Rousseff llamó al titular de Educación y este, poco después, presentó la dimisión. Esto ocurre en el mismo día en que la presidenta, para enderezar el rumbo de una semana pésima, anunciaba un paquete de medidas para erradicar la corrupción.
“Somos un Gobierno que no tolera la corrupción”, sentenció este miércoles la presidenta, del Partido de los Trabajadores (PT), con gesto adusto. No es para menos: todavía resuenan los ecos de la multitudinaria protesta del domingo contra su Gobierno, le persigue la sombra del gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras y, por si fuera poco, el miércoles se despertó con una nueva encuesta según la cual su popularidad está por los suelos.
Solo tres meses después de haber comenzado su segundo mandato, el 62% de los brasileños considera la gestión de Rousseff "mala o muy mala", según Datafolha, el instituto de sondeos del periódico Folha de S. Paulo. Para hacerse una idea: el porcentaje de descontento con el presidente Fernando Collor de Mello en los años noventa, antes de dimitir empujado por la posibilidad cierta de que el Parlamento, por medio de un impeachment, le destituyera, era del 68%.
El impeachment no parece una posibilidad cierta para Dilma Rousseff: no se trata de un proceso tan sencillo y el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha explicado varias veces que no ve razones ni jurídicas ni políticas para llevarlo adelante. Por otro lado, las acusaciones del interminable caso Petrobras cada vez cercan más al PT y a la propia presidenta. Medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno, están siendo investigados. El lunes, además, los fiscales presentaron nuevos cargos contra el tesorero del PT, João Vaccari, que ya había sido detenido antes.
La presión sobre Rousseff, pues, crece. Y este miércoles trató de sacudírsela con nuevas medidas anti-corrupción. "Mi compromiso con el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal y con mi actuación política", dijo. Los brasileños "saben que la corrupción no fue inventada recientemente", añadió, antes de asegurar que su Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para combatirla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario