El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene, desde 2011, un pacto con
la firma tecnológica Indra para que, esta multinacional, pague
retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales,
secretarios y funcionarios judiciales, a cambio del asesoramiento que
estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que
permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas
que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a
Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público
que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de
esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de
su filial 100% pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra
están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el marco de la Operación Púnica,
ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de
facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de
Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de
entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de
las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado
durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de
2011). No obstante, la segunda y la tercera fase (las más importantes y
mejor nutridas económicamente por el Gobierno regional) se están
consumando y ejecutando durante el Ejecutivo de González.
En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan
a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus
trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero
normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En
este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia
trasladó a Indra los pagos.
Todo surge cuando la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la
denominada agenda digital, impone la obligación de introducir, en los
juzgados y tribunales, mejoras informáticas para reducir las esperas de
la justicia y hacerla más ágil, interconectando los juzgados y las
fiscalías, en el marco de sus respectivas jurisdicciones (Civil, Penal,
Menores, Incapacidades...). Para construir las nuevas herramientas
informáticas, Indra necesitaba la colaboración de los usuarios (los
juristas) con el fin de conocer sus necesidades e implementarlas
mediante la adecuada aplicación informática. Pero los jueces se negaron
ante Justicia a colaborar si no se les daba una compensación económica
por asistir a las reuniones con los técnicos de Indra. Y así lo expuso
en distintas reuniones, en nombre de ellos, el presidente del TSJ de
Madrid. Fue entonces cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó
que fuese Indra —como adjudicatario del proyecto informático, que empezó
a finales de 2011 y cuya tercera fase está previsto concluya en 2017—
la que pagase a los juristas. Las tres fases para acometer este proyecto
tecnológico se las ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último
concurso, el ahora en marcha, solo concurrió Indra.
En los sucesivos pliegos de contratos para la ejecución y desarrollo
de las aplicaciones se recoge que los usuarios del cliente, la
Consejería de Justicia, a través de ICM, deben colaborar con el
desarrollo de la aplicación y “revisar y validar” finalmente el
proyecto, pero no se especifican remuneraciones concretas a nadie. Indra
ha pagado a estos colaboradores del dinero de las contratas (las tres
fases han sido adjudicadas en 6.011.441,42 euros).
Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por
que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la
construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será
legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado. Les
llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su
caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a
Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy
mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12
millones de euros.
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