Por Patricia Baños
El desabastecimiento y la escasez que marcan este país también han tocado la puerta de las empresas que fabrican acumuladores. Desde principios de año los dueños de coches particulares suman otra preocupación al drama de la supervivencia cotidiana de Venezuela: no sufrir accidentes por fallos en el suministro eléctrico por culpa de la batería. Las colas no solo se están formando frente a los supermercados. Hay listas de espera para casi cualquier bien que se comercie en este país.
En la zona industrial de La Trinidad, en el sureste de Caracas, está una de las sedes de Duncan, la empresa de acumuladores más conocida del país, que durante el primer lustro de este siglo, de acuerdo con un caso de estudio publicado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), colocaba su producto en el 90% de los coches ensamblados en Venezuela.
El origen del desabastecimiento parece estar en la decisión del Gobierno venezolano de intervenir temporalmente la empresa para fijar el precio de venta y evitar la especulación. En noviembre de 2013, el entonces ministro de Industrias, Ricardo Meléndez, dijo que “estaba garantizada la producción y operatividad de la fábrica”.
Pero cuatro meses después, el desabastecimiento comenzaba a sentirse con fuerza. Tanto es así que, en una reunión con transportistas, el presidente Nicolás Maduro prometió firmar “un acuerdo de producción para atacar la escasez de baterías”.
De esta dificultad para hacerse con un acumulador se derivan muchas otras: la reventa en el mercado negro, las restricciones impuestas por Duncan para vender la batería solo a quienes entreguen la que está en mal estado, los robos en las colas que se forman en las madrugadas frente a sus sedes, y toda la tragedia que representa para los conductores verse convertidos de pronto en peatones en las ciudades venezolanas, que no fueron diseñadas para recorrerse a pie y ofrecen un pésimo servicio de transporte.
Viajar fuera de Venezuela también se ha convertido en una odisea desde 2014, cuando la mayoría de las aerolíneas extranjeras decidieron recortar el número de vuelos y asientos en respuesta a la cuantiosa deuda del Gobierno, calculada en unos 3.500 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros).
Las empresas han decidido vender los escasos billetes en dólares para evitar acumular moneda local que luego no pueden repatriar a sus casas matrices, debido al control de cambios vigente en el país desde 2003. Las aerolíneas nacionales intentan cubrir la demanda, pero no es suficiente.
La crisis del abastecimiento de alimentos ha empeorado en esta primera quincena del año. La poca producción de insumos básicos de 2014, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno a la empresa privada, y la caída de las importaciones han provocado cambios en la rutina de compra. Para evitar las aglomeraciones y los golpes cuando aparecen los productos, los supermercados cierran sus puertas u ordenan filas especiales para repartir los bienes escasos.
El Gobierno, que considera que se enfrenta a una “guerra económica” de la burguesía local, a las multitudes que colman los locales y que a menudo alteran el orden público cuando se acaba lo que tanto están buscando. En esas largas filas también comienza a haber expresiones de racismo de los vecinos hacia las personas que vienen de otros barrios en busca de los alimentos. La desesperación cunde en todo el país.
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