Vía ElPaís.com
El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar este viernes a los departamentos de Asuntos Exteriores y Defensa a negociar con la Administración estadounidense la conversión de la base de Morón de la Frontera (Sevilla) en sede permanente de la fuerza del Mando para África del Pentágono, cuyo principal objetivo es frenar el avance del yihadismo en el Magreb y el Sahel.
La decisión supone que el Gobierno está dispuesto, a reserva del resultado de las negociaciones, a atender la petición que el secretario de Estado de Defensa, Chuck Hugel, formuló en diciembre pasado en una carta a su homólogo Pedro Morenés: convertir en definitiva la presencia, hasta ahora temporal, de una unidad de élite con 850 marines en la base sevillana y aumentar a varios miles la cifra de efectivos en caso de crisis.
El acuerdo final se plasmará en un Protocolo de Enmienda al convenio bilateral de Defensa de 1988. Será el tercero, ya que en 2002 se aprobó una primera enmienda para legalizar la actuación en suelo español de los servicios de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea de EE UU; y, en 2012, se reformó otra vez para permitir el despliegue en la base de Rota (Cádiz) de cuatro destructores de la clase Arleigh Burke integrados en el escudo antimisiles de la OTAN.
La nueva reforma del convenio convertirá Morón en base permanente de la Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines (SP-MAGTF Crisis Response), creada tras el asalto al consulado de EE UU en Bengasi (Libia), en septiembre de 2012, que convenció al Pentágono de la necesidad de contar en la región con una unidad capaz de intervenir rápidamente en caso de crisis.
La unidad llegó a España en 2013, con una autorización temporal para un año, y en 2014 se prorrogó su presencia por un año más, aumentándose la cifra de marines de 500 a 850 (1.100 en periodos de relevos) y los aviones de despegue vertical MV-22 Osprey de seis a 12.
Finalmente, el Pentágono ha renunciado a buscar un emplazamiento alternativo para los marines —una opción que desde el principio parecía poco realista—, por lo que ha pedido su despliegue definitivo en España. El problema es que esta autorización, al contrario que la temporal, ya no puede darla el Gobierno, sino que requiere la reforma del convenio bilateral —que para Madrid, aunque no para Washington, tiene categoría de tratado internacional— y su posterior ratificación por el Parlamento.
La autorización vigente acaba el 19 de abril y es improbable que el trámite de reforma del convenio —negociación, informes preceptivos, aprobación por las dos Cámaras— esté listo para esa fecha, por lo que el Gobierno prevé conceder una nueva prórroga a los marines para ganar tiempo. Ni Madrid ni Washington quieren, sin embargo, arriesgarse a que acabe la legislatura y ya no haya una mayoría parlamentaria tan favorable.
La negociación de la enmienda no debe ser complicada: se trata de incluir la presencia permanente de los marines en Morón y su límite máximo. Pero el Gobierno quiere evitar que el aumento en caso de crisis sea automático y pretende conservar el control en los momentos más delicados. Además, la necesidad de que Morón esté preparada para acoger a miles de marines en caso necesario requiere costosas obras de infraestructura.
El segundo problema y no menor es el laboral. Los trabajadores de la base han sufrido tres expedientes de regulación de empleo desde 2010, que se han saldado con 240 despidos, y temen lo que pase a partir del 27 de marzo, cuando cambie la empresa que presta servicios a la Fuerza Aérea de EE UU (Vectrus sustituirá a VBR). Morenés prometió el pasado martes a dos parlamentarios sevillanos con quienes se reunió —Enrique Abad (PSOE) y Ricardo Tarno (PP)— defender los empleos en Morón “mientras esté en su mano”.
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