La Ley 25 de Podemos costaría mínimo 15.000 millones en dos años

La Ley 25 de emergencia social que Podemos quiere llevar al Congreso el mismo día de su constitución -el próximo 13 de enero- y que fija como su prioridad más "urgente" en este momento, conllevará al menos un coste de 15.000 millones de euros en dos años. Esta cuantía corresponde a la puesta en marcha del denominado plan de renta garantizada, la única medida de las que se incluyen en esta proposición de ley que ha sido ya cuantificada por la formación.

EEUU busca una solución para la crisis de migrantes cubanos pero no cambiará la ley

Estados Unidos ha alentado a que los gobiernos centroamericanos resuelvan una crisis humanitaria en la que miles de cubanos quedaron varados en Costa Rica en su viaje hasta la frontera estadounidense, dijo el lunes el principal diplomático estadounidense en La Habana.

El PSOE se compromete a aprobar una ley integral de transexualidad

El PSOE ha destacado su compromiso con la aprobación de una ley de transexualidad que, con el consenso de los colectivos implicados, aporte "soluciones integrales" a la "marginación y estigmatización" que sufren los transexuales.

Lesmes proclama que "hacer respetar la ley no debe considerarse una afrenta"

El presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha defendido hoy la independencia del poder judicial en España y ha proclamado ante el presidente catalán, Artur Mas, que "hacer respetar la ley nunca debe considerarse una afrenta".

El Gobierno ve "fraude de ley" en las aspiraciones de la nacionalidad catalana

El Gobierno considera que las aspiraciones de los independentistas catalanes respecto a la nacionalidad que tendrían los ciudadanos de una Cataluña separada de España llegaría a constituir "un fraude de ley".

José Ignacio Wert, el ministro que lideró la décimo tercera reforma educativa con la protesta de la mayoría del sector

José Ignacio Wert deja su cargo como ministro de Educación, Cultura y Deporte habiendo liderado la décimo tercera reforma del sistema, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), un proyecto con el que se enfrentó a la mayoría de los grupos políticos de la oposición, asociaciones de padres, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles.

En el comunicado en el que el Gobierno anunciaba el relevo de Wert por Íñigo Méndez de Vigo, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha agradecido al ministro saliente la tarea realizada al frente del departamento y, singularmente, su "determinación" en la elaboración de la LOMCE.

Montoro se saca la espina: 'La ley está por encima de amigos y compañeros'

Vía El Mundo

Cristóbal Montoro se ha despachado. Lo ha hecho desde la Tribuna de oradores del pleno del Congreso. Eso sí, ante un Hemiciclo prácticamente vacío en el que el ministro ha defendido el decreto ley de oferta de empleo público extraordinaria para luchar contra el fraude en los servicios públicos.

 

Montoro, hacia quien se dirigen todas las miradas y también casi todos los reproches tras el descubrimiento de que el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales tras haberse acogido a la amnistía fiscal de 2012, se ha quitado esta mañana la espina que tenía clavada desde el miércoles y ha aprovechado para hacer un auténtico alegato en defensa de la batalla sin cuartel contra el fraude fiscal.

 

Se trata de una lucha, ha dicho, "constante y así seguirá". "Ustedes se escandalizan cuando aparecen nombres relevantes", ha dicho dirigiéndose a la bancada de la oposición, "pero a mí lo que me escandalizaría es que personas con relevancia social no fueran investigadas, como sucedía en épocas anteriores".

 

Montoro ha hecho referencia así a la amnistía que aprobó el Gobierno socialista y en la que, según aseguran en el PP, se distribuyeron bulas y perdones entre los poderosos.

 

"Yo les aseguro", ha añadido, "que la Agencia Tributaria, las Aduanas y el el servicio de prevención contra el blanqueo realizan una labor que es esencial para garantizar la solvencia del país y sus sostenibilidad financiera (...) Trabajan con independencia y no les preocupa lo más mínimo ni el nombre ni los apellidos de los afectados". Y ha añadido: "El respeto a la ley está por encima de todo; por encima de compañeros y rivales, de amigos y enemigos. Y quien no lo entienda es que prefiere cerrar los ojos a la realidad".

 

Tras su intervención, ha subido el representante de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, quien ha acusado al ministro de "mover el cubilete" magistralmente para desviar la atención. Coscubiela ha reclamado "total transparencia" y en ese sentido ha vuelto a exigir la publicación completa de los 705 nombres incluidos en la lista remitida por Hacienda al Sepblac y en la que figura la del ex vicepresidente Rodrigo Rato.

¿Qué es la ley de segunda oportunidad?

Por Patricia Baños

El Pleno del Congreso ha convalidado esta semana el decreto ley de Segunda Oportunidad, que pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.

El decreto revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público.

Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.

Además, se considerarán ciudadanos especialmente vulnerables los mayores de 60 años y también se eleva el precio pagado por el inmueble, de modo que más personas puedan beneficiarse de las medidas de reestructuración, quita o dación en pago que prevé el Código, previa negociación con la entidad financiera.

El Ejecutivo también amplía estas medidas, ya que quienes cumplan los requisitos del Código verán eliminadas las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios (incluso aunque se hayan acogido a la segunda oportunidad), si bien no será con efectos retroactivos ni se les devolverá ninguna cantidad abonada por este concepto.

Igualmente, se amplía por dos años, hasta 2017, la moratoria a las ejecuciones hipotecarias para que quienes cumplen las condiciones exigidas no pierdan su vivienda, si bien durante ese tiempo seguirán acumulando intereses de demora en su deuda.

Son medidas, sin duda, que benefician al ciudadano y eran necesarias para poder empezar a salir de esta época de crisis, pero ¿no se podía haber hecho antes esta reforma? ¿Es necesario que sea año de elecciones para ayudar a gente que de verdad lo necesita?