Gerardo Pollicta, el fiscal a cargo de la denuncia que efectuó Alberto Nisman contra la presidenta de Argentina por encubrimiento de terroristas, ha decidido continuar el camino que abrió el fiscal fallecido. O, al menos, parte del camino. Pollicita no ha pedido -de momento- que se interrogue a Cristina Fernández, tal como solicitó Nisman en su denuncia del 14 de enero. Pero ha imputado a la presidenta, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y al dirigente Luis D'Elía, entre otros, por la “decisión deliberada de encubrir” a los imputados iraníes en el atentado terrorista que en 1994 acabó con la vida de 85 personas en Buenos Aires.
Nisman acusó a Fernández, a Timerman y al resto de dirigentes políticos y sociales kirchneristas de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa Amia” con el propósito de “liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”. Ahora, Gerardo Pollicita incrimina a la presidenta y a los otros inculpados por supuesto encubrimiento.
La noticia, adelantada en su edición de este viernes por el diario Clarín, implica que Pollicita solicitará que se practiquen varias medidas de prueba para que se investigue las acusaciones que apuntó Nisman. Finalmente, será el juez Daniel Rafecas el que decida si le da curso a las medidas solicitadas por el fiscal. Rafecas apura estas semanas los últimos días de sus vacaciones correspondientes al verano austral. El juez podría adelantar su regreso y hacerse cargo de la denuncia el próximo miércoles 18 de febrero. Esa jornada será el primer día hábil en Argentina de la próxima semana.
Desde el Gobierno, el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, intentó restar importancia a la medida. “No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia”, señaló. No obstante, Fernández asumió la gran repercusión que tiene la imputación sobre la opinión pública. “El strepitus fori que se genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que cuestiono del fiscal, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”, indicó. Minutos después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habló de “golpismo judicial activo”, y señaló que el fiscal Pollicita solo intenta generar “impacto político” y “estrépito social”.
En la Casa Rosada y en los medios afines al Gobierno se vienen usando estos días las palabras “golpismo” y “golpe suave”. Hacen referencia al supuesto intento de un sector de la Justicia, en supuesta connivencia con la oposición y con los “medios hegemónicos”, es decir Clarín y La Nación, de “desestabilizar” a un Gobierno al que solo restan diez meses de mandato. A los seis fiscales que convocaron una marcha silenciosa de homenaje a Nisman para el próximo miércoles 18 de febrero, cuando se cumple un mes de su muerte, se les ha tildado de golpistas desde la televisión pública.
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